FIRMAS DE FaCES

Idealmente, en el debate para la elaboración de leyes y de políticas públicas debe predominar el uso argumentos racionales. Este deber ser no es factible en la atípica coyuntura política que se vive en Venezuela. La institución legislativa nacional no cuenta con representación de los diversos partidos o factores políticos que existen en el país, debido al retiro de la casi totalidad de las organizaciones opositoras en las elecciones para la AN. Además, la Asamblea Nacional ha delegado la mayor parte de sus funciones de legislación y formación de políticas públicas a la Presidencia de la República. Estas dos circunstancias, conjuntamente con el esquema de conflicto político polarizado, han llevado a que la argumentación racional prácticamente no exista en el debate público sobre la reforma constitucional.

La aprobación de una nueva constitución sin que sea debatida en un espacio de deliberación política sólo podría sustentarse en la apelación emocional al apoyo popular como fuente de legitimidad. Como contraparte, es previsible la intensificación de manifestaciones de descontento político en la calle. ¿Hay opciones que permitan que se conduzca el proceso de reforma constitucional con una base política más plural para evitar que se agudicen problemas de gobernabilidad que ya comienzan a ser evidentes? En esta nota, propongo que la universidad convoque un espacio de debate alternativo sobre los temas en la agenda de la reforma constitucional.

Ese espacio debe caracterizarse por la participación de actores con el mismo poder formal pero con posiciones e intereses políticos diferentes. Esto facilitaría las condiciones para que se debatan públicamente los argumentos políticos (y técnicos, cuando sean pertinentes) de las tendencias que existen en el país. Un espacio que incluya las diversas tendencias de oposición y las diversas tendencias dentro del chavismo. Empezar por asumir esa diversidad de opiniones, superar la polarización, ya sería un avance.

El propósito de ese debate sería simplemente hacer públicos los argumentos políticos de las distintas tendencias sobre los temas que conforman la agenda de la reforma constitucional. Permitir que los ciudadanos podamos sopesar las distintas posiciones sobre los puntos de conflicto con respecto a: balance de los poderes públicos, reelección presidencial, rol de los partidos políticos, sufragio, descentralización/desconcentración, rol de los militares en la vida pública, derechos laborales, seguridad social, distribución de la renta petrolera, modelo de desarrollo económico, formas de propiedad, modelo educativo, derecho a la información, libertad de expresión, participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, etc.

El propósito del debate es entender los distintos puntos de vista, propiciar el consenso. Los participantes en este espacio de debate público deben comprometerse a intentar comprender los argumentos del interlocutor, no tratar de deslegitimarlo por la vía de la descalificación personal, no desfigurar sus intenciones, ni tratar de invalidar su discurso con juicios de valor y falacias.

¿Quiénes serían los participantes en ese espacio de debate? En principio, el debate debería estar abierto a todos los miembros de la comunidad académica (estudiantes y profesores) que consideren que pueden hacer aportes para impulsar el consenso en alguno de los temas que conforman la agenda de la reforma constitucional. Quizás puedan establecerse canales para invitar a ese debate a líderes comunitarios, representantes gremiales, miembros de grupos civiles con intereses en los asuntos que se discuten y especialistas que trabajan fuera del ámbito académico. También para ellos los requisitos fundamentales para la participación serían el compromiso de presentar los argumentos propios claramente y tolerar las opiniones de otros participantes.