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FIRMAS DE FaCES

El plan antiinflacionario / José Guerra

El plan antiinflacionario / José Guerra

Las cifras de inflación de Venezuela muestran que el país está experimentando un proceso sostenido de alza de precios, que puede traducirse en una desaceleración de la tasa de crecimiento económico y en una depreciación todavía mayor de la tasa de cambio del mercado paralelo o eventualmente en una devaluación del tipo de cambio oficial. Después de haber afirmado a largo de 2006 que la inflación estaba bajo control y que alcanzaría la meta establecida en el rango de 10%-12%, las autoridades económicas no les ha quedado otra opción que anunciar un nuevo plan antiinflacionario dirigido a mitigar la inflación. Antes, sin embargo, han culpado a los especuladores del incremento de los precios de bienes, como ya es usual en una Venezuela donde quienes diseñan y aplican la política económica siempre recurren a un tercero para evadir sus responsabilidades.

Lo cierto es que la inflación está amenazando seriamente con descarrilar la economía venezolana y el gobierno se decidió a actuar. Aunque no se ha esbozado todavía con claridad, el paquete económico procura la adopción de un conjunto de medidas que atacan las manifestaciones de la inflación pero no sus causas. Así, la propuesta del gobierno apunta desde el lado monetario a un aumento del encaje legal aplicado a los depósitos oficiales en el sistema bancario con el objeto de incidir levemente sobre el dinero en circulación. También se ha discutido un alza moderada de la tasa de interés pasiva con el objeto de limitar la expansión del consumo.  Desde el punto de vista fiscal, lo que se conoce del plan se orienta a la emisión de deuda por parte de PDVSA y el gobierno mediante títulos emitidos en dólares pero pagaderos en bolívares, con el propósito de sustraer liquidez del sistema y con ello atenuar las tensiones sobre los precios. Se ha anunciado la eliminación del IVA para ciertos productos y en general para el circuito de producción y comercialización de la carne, aunque ello luce contradictorio con el objetivo de aumentar el precio de la gasolina para de esta forma dotar de más fondos al gobierno. Desde el punto de vista de la política cambiaria, se ha desmentido por inconveniente la implantación de un sistema de cambio dual, lo que implicaría, de hecho, una devaluación de la moneda. Se acordó aumentar el cupo de divisas para lo viajeros y las compras electrónicas. Otro elemento constitutivo del plan es el relanzamiento de Mercal, dado la caída de sus actividades comerciales durante 2006. En lo relativo al comercio, es donde se aprecia con mayor claridad la fundamentación del plan antiinflacionario: agilizar las entregas de divisas para aumentar las importaciones y de esa manera abastecer el mercado interno.

Siguiendo una política de ensayo y error, a mediados de 2006, Rodrigo Cabezas, entonces presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y María Cristina Iglesias, Ministra de Industrias Ligeras y Comercio, acordaron, según instrucciones del presidente Chávez, meterle la lupa a las importaciones, en vista del exponencial ascenso de lo bienes de origen externo, que afianzaba la economía de puertos instalada en Venezuela. Cuando se anticipaba que la inflación tomaba una ruta creciente, Rodrigo Cabeza de dio la media vuelta y planteó que había que aligerar la entrega de divisas por parte de CADIVI para contener la inflación. El resultado de esta política contradictoria fue que el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio excluyó de la lista de divisas preferenciales artículos tales como insumos médicos y odontológicos, productos de tocador, entre   por considerarlos  suntuarios. Adicionalmente, ha habido un notable retardo en la entrega de licencias de importación para bienes cuya producción nacional es insuficiente, todo lo cual ha potenciado la escasez.

En la generación del cuadro inflacionario que actualmente sufre la economía venezolana, a parte de las presiones originadas en un claro exceso de demanda como resultado de un gasto público que se expande  a un ritmo insostenible, y la disminución de la tasa de interés, no debe olvidarse la significativa caída de 7,0% de la producción agrícola en 2006, no obstante los ingentes recursos que fueron asignados a través del presupuesto nacional, Fonden y PDVSA. De esta manera, la confrontación de un aumento de la demanda con una menor oferta, no podía resultar sino en un aumento de precios, como efectivamente se ha verificado, aunque lo teóricos de la nueva economía en Venezuela llamen a ese fenómeno especulación.

Una valoración de las medidas anunciadas sugiere que si no se corta de manera sostenida el exceso de liquidez monetaria en la economía, los precios van a continuar subiendo, aunque se amenace con cárcel a los acaparadores. Una insuficiencia liquidez pude resultar inconveniente para el financiamiento del crecimiento de la economía. Pero un exceso de medios de pagos indefectiblemente se traduce en inflación auque sea con cierto retardo. Para que la economía pueda soportar un menor ritmo de aumento de la cantidad de dinero, necesariamente debe estabilizarse el gasto público al imponerse una regla fiscal muy sencilla que haga crecer las erogaciones con base en la meta de inflación y la expansión de la actividad económica. De esta manera la masa monetaria sería justamente aquella que demanda la economía. Por otra parte, el BCV debe acordar una estrategia de alzas moderadas pero sostenidas de la tasa de interés de los instrumentos de política monetaria para así propiciar un aumento de la estructura de las tasas de interés de la economía. Sin esas dos medidas fundamentales las demás serían insuficientes para secar el dinero excesivo del cuerpo económico porque con importaciones se alivia transitoriamente la candela de la inflación pero no se apaga el fuego que la genera. Finalmente, un pacto antiinflacionario  que no cuente con el concurso del sector privado venezolano que produce el 70% de los bienes y servicios que se transan en el país, está condenado al fracaso porque esas agrupaciones de empresarios de papel que ahora proliferan en Venezuela a la sombra de los contratos con el Estado, no son otra cosa que captadores de renta que nada producen.  Un paso inicial de ese pacto debe partir por reconocer que los controles de precios y de cambio son ineficaces y que debe corregirse prioritariamente el desabastecimiento para lo cual, aunque sea duro decirlo, debe producirse un ajuste de los precios que tienen más de dos años congelados para así restaurar la rentabilidad del sector agro-industrial de Venezuela.

Habló Maza Zavala

En su partida como director del BCV, el doctor Domingo Maza Zavala está soltando cosas interesantes referidas al manejo de los recursos públicos. El caso más notorio es lo que ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), creado a partir de la transferencia de las reservas internacionales del BCV al gobierno con el objeto de financiar el déficit fiscal. Hasta ahora muy pocos saben cuanto ha ingreso  y cuanto se ha gastado de los ingreso recibido. La gestión de Nelson Merente en la cartera de las finanzas públicas estuvo signada por una opacidad total que le impidió al entregar el despacho rendir cuenta de los fondos administrados por Fonden. El caso es que Fonden es una especie de caja negra que se administra al margen de cualquier principio de transparencia,  se desconoce sus operaciones y sus estados financieros. Pero, al despedirse, el doctor Maza dijo algo fundamental: Fonden está usando las divisas recibidas del BCV para volverlas a convertir en bolívares, con lo cual con los mismos dólares se crean dos veces bolívares, práctica ésta absolutamente ilegal. Si en Venezuela existiesen órganos contralores de las acciones del Poder Ejecutivo hace rato el caso de Fonden hubiese motivado una averiguación administrativa a los involucrados en su administración.

Las medidas económicas  

  1. El gobierno y PDVSA se aprestan a realizar una emisión por US$ 5.000 con el objeto de drenar liquidez, como parte del paquete de medidas contra la inflación. Se trata de títulos en dólares pagaderos en bolívares. Estos instrumentos son una extraordinaria oportunidad para comprar divisas legalmente a un tipo de cambio superior al oficial pero significativamente inferior al del mercado paralelo. Con el descuento aplicado es posible que el tipo de cambio de la operación se ubique en el entorno de Bs. 2.400 por dólar, lo que constituiría una buena negociación.
  2. El anuncio del aumento del cupo de viajeros y las compras electrónicas no tendrán un impacto significativo sobre el exceso de liquidez existente.
  3. La decisión de mantener los ingresos petroleros en divisas mientras se ejecuta el gasto en realidad lo único que produce en un manejo de los recursos más acoplado con el gasto, pero en modo alguno representa una acción que restringa la liquidez de la economía por cuanto al realizarse el gasto público los dólares tendrán que convertirse en bolívares. El peligro está en la tentación del gobierno de utilizar los dólares vendiéndolos en el mercado paralelo sin pasar por el BCV.

Descifrado, 15-02-07.

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