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FIRMAS DE FaCES

La corrupción en tiempos de (anti)globalización / Elsa Cardozo

La corrupción en tiempos de (anti)globalización / Elsa Cardozo

La corrupción política no es cosa nueva, ni mucho menos reciente: la utilización de recursos públicos para provecho privado tiene una historia tan larga como la humanidad, desde sus primeros y más elementales ensayos de organización. La corrupción ha acompañado, cual sombra, a la civilización; sombra tanto más oscura cuanto a menos reglas y frenos ha estado sujeto el ejercicio del poder. Así lo resume la bien conocida sentencia de Lord John Emerich Edward Dalberg Acton. Antes que él, constatadas las perversiones del absolutismo, grandes pensadores modernos –como Locke, Montesquieu y Rosseau- habían desarrollado la doctrina de la separación de poderes. También en el siglo XVIII leemos a los "padres fundadores" de Estados Unidos en las páginas de El Federalista: "La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía". Hasta el presente, como revelan las "coincidencias" entre altos niveles de corrupción y autoritarismo, el ejercicio del poder con pocos o nulos controles es perfecto caldo de cultivo para las formas más destructivas de corrupción. Además, nuevas condiciones la favorecen en nuevas y más complejas modalidades que surgen en el amplio marco de la globalización y en el de la "antiglobalización".

Es larga la lista de casos de corrupción que en nuestros días hacen ruido en los cables internacionales. En ella no sólo se encuentran acciones ligadas a actividades reconocidamente ilegales (tráfico de armas y municiones, drogas ilícitas, personas y órganos, dinero "sucio", especies protegidas) sino muchas vinculadas a espacios legales. Entre éstas hemos visto la compra de votos legislativos, el pago de coimas para el otorgamiento de contratos o la desviación de los recursos de programas de asistencia internacional, incluidos suministros esenciales (medicinas y alimentos). Todos los casos involucran influencias ilícitas sobre funcionarios públicos (nacionales e internacionales), entre ellos, o por parte de ellos.

Mientras la respuesta internacional es cautelosa y lenta –atada como está a recelos de soberanía-, en el mundo globalizado de fronteras difuminadas las oportunidades de la corrupción están "transnacionalizadas". Se montan sobre las redes de vínculos facilitados por la revolución tecnológica y de las comunicaciones; una trama muy bien caracterizada por Moisés Naim en su libro más reciente (Ilícito, Debate, 2006). En este contexto, los gobiernos y movimientos que se oponen a la globalización con un discurso estatista y actitudes de abierto rechazo a las instituciones de la democracia representativa, a sus controles constitucionales y a las regulaciones convenidas en instituciones internacionales, alientan condiciones mucho peores que las advertidas por Lord Acton.

Transparencia Internacional

Esta semana fue celebrada en Caracas una reunión para celebrar los diez años –en realidad casi once- de la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue convocada por Transparencia Internacional, una iniciativa que gusta poco, o nada, a los gobiernos de los países que quedan mal parados en el Índice de Percepción de Corrupción que anualmente publica esta, por muchas razones, respetable organización; de estilo muy constructivo y nada confrontacional.

Valga recordar que desde hace trece años, Transparencia construye mucho más que un índice. Convoca a gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil a crear condiciones de transparencia, es decir, de conocimiento cierto y preciso sobre el desempeño de funcionarios públicos y gerentes cuya actuación debe ser "visible, predecible y comprensible". Con ese propósito, se concentra en crear conciencia sobre el problema; recolecta, organiza y difunde información útil para su comprensión y prevención; hace seguimiento tanto a la actividad pública como a la privada, y trabaja en proyectos de disminución y prevención.

Corrupción y democracia

Hay un ejercicio que no deja de ser interesante para ver a la corrupción como parte de un problema mayor. Al comparar la ubicación de los países con mejores y peores ubicaciones en los índices de 2006 (IPC, de Transparencia) y Desarrollo Humano (IDH, del PNUD), constatamos que entre los mejores ubicados en ambos están los países escandinavos, Islandia, Nueva Zelandia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Francia, Alemania, Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre los veinte peores están, en los dos índices, países africanos como la República Democrática del Congo, Chad, Costa de Marfil, Sierra Leona, Angola y Nigeria.

Entre los latinoamericanos, sobresalen en los extremos Chile y Haití: primero y último, respectivamente, en corrupción y desarrollo humano. En el conjunto, al lado de Chile coinciden Uruguay y Costa Rica entre los mejor evaluados; y, entre los últimos puestos –aunque muy por encima de Haití- vemos a Honduras, Guyana, Nicaragua y Guatemala, con alta percepción de corrupción y desarrollo humano medio-bajo.

Si añadimos el Índice de Desarrollo Democrático 2006 (IDD de la Fundación Honrad Adenauer), que incluye a sólo dieciocho países latinoamericanos, veremos nuevamente a Chile, Costa Rica y Uruguay de primeros, y a Venezuela, Ecuador y Bolivia en los tres últimos puestos.

De Haití a Chile

Venezuela, el país más cercano a Haití en percepción de corrupción, se ubica en un nivel relativo de desarrollo humano medio, en buena medida por el peso de los ingresos petroleros. Con todo, se mantiene en este aspecto por debajo de países como Colombia, Brasil, Panamá y México. Sobre pérdida de institucionalidad democrática, las decisiones que van perfilando -mayor centralización política, control económico y personalización del poder- permiten anticipar peores posiciones en estos y cualesquiera otros registros de desarrollo.

Volvamos a Haití y a Chile, y también al argumento inicial. En el primer caso, el país caribeño nunca se recuperó del histórico ejercicio depredador del poder absoluto que ha conducido a la mitad de La Española a una ruina física y moral de la que –después de muchos años, muertes y traumáticas intervenciones- comienza a haber muy débiles indicios de recuperación. Chile, después de diecisiete años de dictadura –excepción en una historia de construcción republicana- ha logrado alcanzar y mantener los acuerdos nacionales necesarios para acometer con éxito su normalización institucional, moral, política y económica.

El Nacional, El Globo del Viajero, 18-02-07.

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