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FIRMAS DE FaCES

La descentralización en el banquillo o ausencia del "principal" / María Antonia Moreno

La descentralización en el banquillo o ausencia del "principal" / María Antonia Moreno

La descentralización en el banquillo o ausencia del “principal”[1]  

La descentralización en Venezuela generó muchas expectativas sobre la profundización de los valores democráticos y la elevación de la eficiencia de las políticas públicas a través de una mayor participación política del ciudadano en las elecciones colectivas y la disminución de las desigualdades económico-sociales en el nivel interterritorial. Sin que llegara a desplegar toda su potencialidad, tanto por problemas de diseño como por los cambios institucionales que el gobierno actual lleva a cabo, parece que pasará a mejor vida y, casi, sin ninguna resistencia. Paradójico resultado éste de un proceso que se mantiene en la vanguardia internacional del ejercicio de la democracia y del que, uno esperaría, alguna semilla de su importancia se hubiese entronizado en la consciencia ciudadana. Los Consejos Comunales (CC), dicen algunos, serán los sustitutos naturales de la descentralización, pero ¿efectivamente conducirán a una mayor democratización en la elección de las políticas públicas y a una mayor eficiencia de los servicios públicos?; aun más, si las condiciones suficientes para el surgimiento y permanencia de la descentralización en Venezuela no parecen haber estado presentes, ¿ahora si lo harán  en el caso de los CC? 

Comenzando por la última pregunta, la sospecha es que no y la negativa tiene como referencia una revisión actualizada de la experiencia de la descentralización implementada en el país desde 1989. Ésta, de acuerdo con los estudios sobre el tema, nació de una situación de insatisfacción generalizada de la sociedad venezolana con su sistema político, específicamente con el modelo democrático instaurado desde 1958. Sin embargo, dicha tesis no es rigurosamente tratada, pues identifica ese descontento social con el movimiento creciente de protestas populares que se venía desarrollando desde inicios de la década de los ochenta como consecuencia del deterioro de la renta petrolera y de la economía del país en general; si bien ese movimiento se relacionaba con el desmejoramiento de los servicios públicos y de las funciones de gobierno, el colectivo no llegó a conectarlo de manera racional con la figura de la descentralización. La descentralización fue, en realidad, una tarea de la COPRE[2] que, siendo un ente asesor del Ejecutivo, actuó como un cuerpo colegiado al estimular la participación de diversos entes y grupos con diferentes intereses y posiciones ideológicas y políticas en la discusión de su necesidad y diseño.[3] No obstante, y a pesar de ello, por su naturaleza de organismo público, la COPRE no podía sustituir al principal en esta tarea. El que el diseño institucional de la descentralización careciera de mecanismos efectivos de control presupuestario y programático del proceso, así lo evidencia. 

La ausencia del principal en el diseño institucional de la descentralización de1989 – por inexperiencia política, conducta rentística, o cualesquiera otras razones – parece constituirse en la debilidad fundamental de este proceso. Efectivamente, la descentralización fue capturada en casi todas sus instancias por los partidos políticos, viejos y nuevos, actores experimentados en la extracción de renta pública, lo que permitió la reproducción de los vicios de las prácticas presupuestarias del gobierno central en los gobiernos locales. Independientemente de que, en la práctica, condujo al surgimiento de liderazgos regionales y a un incremento en la eficiencia de las políticas públicas en algunas localidades y estados, su presencia no se tradujo en un factor de estímulo para la participación activa y sistemática de la ciudadanía en el proceso de decisiones colectivas sobre las políticas públicas locales. Ello parece dar cuenta de la poca defensa por parte de los ciudadanos que ha experimentado la descentralización ante el deliberado tratamiento negativo que ha recibido de la actual administración. 

La forma definitiva que adoptará la institucionalidad de la descentralización que impulsará el gobierno actual se desconoce, en vista de la generalidad con que se han planteado los temas que le atañen en la recientemente aprobada Ley Habilitante.[4] No obstante, la práctica de los Consejos Comunales constituye un laboratorio del que se pueden anticipar los posibles cambios. 

De acuerdo con su marco legal,[5] las comunidades deciden, en un proceso democrático, las políticas y programas para la generación de servicios públicos dirigidos a satisfacer sus necesidades específicas. No obstante, la ley establece una relación jerárquica entre los Consejos Comunales y el Ejecutivo, concretamente con la Presidencia de la República a través de la figura de la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (CNPPP),[6] que le otorga a esta última la atribución de la tramitación de los recursos financieros para la ejecución de esas políticas y programas y, con ello, competencia para constituirse en un FILTRO de las decisiones de los CC. 

Las consecuencias serían muy negativas, tanto en términos políticos como de eficiencia económica. El carácter democrático de las decisiones de los CC sería una simple ilusión que se mantendría mientras la bonanza petrolera permitiera algún flujo de recursos hacia las comunidades. Con la eliminación de las alcaldías y las gobernaciones podría producirse una pérdida significativa de la infraestructura de servicios de esas instancias de gobierno que, si bien pudiera no ser la mejor, sería sustituida por las que se implementen con las llamadas Comisiones de Trabajo de los Consejos Comunales que, más veces que menos, carecerían de las experticias requeridas para la decisión de los programas y políticas de servicios públicos. Finalmente, las desigualdades interterritoriales tenderían a mantenerse con la recentralización de las decisiones de las políticas públicas. 

Es posible, no obstante, que la práctica de los CC permita despertar la conciencia ciudadana de la importancia de su participación en las decisiones colectivas y que ésta se convierta, como en otros países, en una importante palanca para una efectiva descentralización. Podríamos, entonces, soñar con renovados aires de una verdadera democracia en Venezuela.
 


[1] El concepto de principal  se usa en el sentido del enfoque de la teoría de la regulación que refiere a la relación de agencia entre esa figura y el agente, esta última designada para actuar en nombre del principal en un campo particular de problemas de decisión. En el ámbito de la función pública, y en su sentido más amplio, el principal es el elector y el agente es el político electo (presidente, alcalde, gobernador, parlamentarios). Ver Ross, Stephen A. (1973), The agency economic theory: the principal problem, American Economic Review, vol. 63, # 2.
[2] Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (1984-1989).
[3] Al respecto, ver artículo del 8-4-07 de Carlos Blanco en su sección Tiempo de Palabra en El Universal, quien fue por largo tiempo Secretario Ejecutivo de la COPRE.
[4] Numerales 1, 2, 3 y 8 que refieren a instituciones del Estado, participación popular, valores del ejercicio de la función pública y ordenamiento territorial, respectivamente.

[5] Ley de los Consejos Comunales (LCC), G. O. E. 5806 10-4-06.

[6] El Art. 30 de la Ley de los Consejos Comunales establece la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, como la máxima instancia institucional del Ejecutivo a la que deben acudir los Consejos Comunales para la tramitación de los recursos necesarios para la ejecución de sus políticas y programas.
XOXOXOX 
Abril 2007.
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