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FIRMAS DE FaCES

Al desnudo / Elsa Cardozo

Al desnudo  /  Elsa Cardozo

Los 33 artículos del proyecto de reforma constitucional se sienten cual salto al vacío. Muestran, al desnudo, y sin pudor alguno, el modelo a imponer desde el Gobierno. A la vez, dejan a la intemperie y sin protección al resto de los venezolanos, opositores o afines, por igual.

El abismo es grande cuando comparamos lo propuesto con el contenido del texto de 1999; es más profundo cuando lo contrastamos con el de 1961, y aterra cuando hacemos el balance de lo hasta ahora andado y el destino que se perfila.

Es imprescindible leer con atención cada una de las modificaciones en las que, como han ido anotando respetables organizaciones y personalidades desde el pasado 15 de agosto, se impulsa de forma autoritaria un pacto de toda la sociedad –lo que es en esencia una Constitución- con la construcción de un Estado socialista inspirado en las peores experiencias de los socialismos reales: un Estado omnipresente conducido por un presidente todopoderoso y, en dos platos, vitalicio.

Tras una “geometría de poder” que supuestamente redistribuye competencias y abre espacios de participación al “poder popular” a través de nuevas instancias (ciudades, comunas y comunidades), se asegura la concentración del control en manos del jefe único. Es así en materia de división territorial y de asignación de recursos.

También lo es en cuanto al manejo de los recursos del petroestado, la política y las reservas monetarias, en correspondencia con el modelo estatista y colectivista que sin tapujos queda delineado tras las elucubraciones sobre los tipos de propiedad, la seguridad alimentaria y las limitaciones a la propiedad privada.

Lo militar, ya sin disimulo, queda bajo el mando directo del comandante en jefe: todos los ascensos, la estructura organizativa y la orientación estratégica e ideológica, en la que defensa y seguridad se confunden en un “estado de guerra popular de resistencia” y “defensa militar integral”. Políticamente, aparte de regulaciones y desregulaciones a las asociaciones políticas –que aseguran por un lado la consolidación del partido-gobierno y, por el otro, las restricciones a las iniciativas genuinamente opositoras- el aumento del período presidencial y la reelección sin límite son, por lo pronto, junto con la amplia Ley Habilitante, más que suficientes para consolidar el control central y personal del poder.

Conviene recordar que, en cada uno de esos ámbitos, ya la Constitución de 1999 presentaba significativos retrocesos respecto a la de 1961: el distanciamiento de los principios y las instituciones de la democracia representativa, la recentralización, el acento estatista y colectivista en el régimen económico, la inclusión de elementos autoritarios en las definiciones sobre seguridad, el aumento del período y la posibilidad de reelección presidencial.

La práctica no sólo lo confirmó, sino que se adelantó a lo que casi una década después vamos viendo en la realidad antes que en el papel. Buena parte de la propuesta simplemente pone al día el texto de la Constitución, lo ajusta al ritmo del día a día, a la voluntad del jefe máximo. Otra parte da un salto –muy atrás- a un enorme hueco visible en el procedimiento mismo de la “reforma”: integral e indivisible, el texto viene con fecha para la consulta y acompañado por batallones para defenderlo (del debate, se entiende). Simplemente, inaceptable.

El Nacional, 02-09-07.

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