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FIRMAS DE FaCES

Primeras reflexiones en torno al cambio de la Constitución / Humberto García Larralde

Primeras reflexiones en torno al cambio de la Constitución / Humberto García Larralde

La propuesta de modificación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) presentada por el presidente Chávez el 15 de agosto, implica un cambio fundamental del ordenamiento legal vigente. Bajo el enunciado de construir el socialismo, modifica la estructura, contenido y funcionamiento del Estado, así como su relación con la sociedad venezolana. Proyecta un régimen centralizado, personalista, militarista y de predominio estatal de la economía, a pesar del empeño en cobijarse con algunas referencias formales a la democracia y las carantoñas que hace a la participación y al poder popular.

La modificación de la Constitución busca eliminar toda restricción a la reelección presidencial y extiende su período a siete años. Atenta así contra la alternabilidad en el ejercicio del poder y reduciría severamente los espacios para la pluralidad y demás principios que rigen la Constitución vigente. Conviene recordar que Chávez ha insistido enfáticamente que la reelección indefinida es sólo para el cargo de presidente, es decir, para él. La propuesta no tiene nada que ver, por ende, con la voluntad del pueblo sino con una bastarda expresión del culto a la personalidad.

El cambio constitucional aumentaría significativamente el control central del presidente Chávez sobre el país, facultándolo para alterar la estructura del territorio y para someter a porciones de éste a un régimen militarizado. Los vicepresidentes y autoridades de los territorios o distritos que, de manera casuística, se le concede la facultad de crear, serían nombrados por él mismo. Es obvio que las decisiones de éstos, en tanto que delegados del presidente, tendrían supremacía por sobre la de los gobernadores y/o alcaldes cuya jurisdicción se vea afectada. Se menoscaban así los poderes regionales legítimamente constituidos y se posibilita la sujeción arbitraria y discrecional de cualquier parte del territorio nacional al control militar centralizado bajo las órdenes de Chávez.

El cambio en la Constitución eliminaría el carácter institucional y profesional de la Fuerza Armada, para ponerla al servicio de una parcialidad política, cobijada en una retórica patriotera y "anti-imperialista" como legitimación. Desdibuja las líneas de mando y obediencia al someter a todas las unidades directamente a la autoridad del presidente quien, no cabe duda, prevalece por sobre las jerarquías tradicionales. Asimismo, institucionaliza una "milicia popular" ideologizada que debe su lealtad no al país sino a Chávez. Éste decidiría sobre los ascensos en todos los niveles, conformando un sistema de premios y castigos que asegura la sumisión de los militares a sus designios. Al definir su misión contra "la oligarquía" y en la preservación del orden interno, emerge la imagen de una fuerza militar pretoriana dispuesta a reprimir a disidentes u opositores. Esta impresión se afianza aun más al escuchar las reiteradas referencias de Chávez a que los militares no son apolíticos y que sí se les introduce ideología. Como si ello no fuera suficiente, está el culto a la muerte de que hace gala y que encuentra una manifestación ominosa con la introducción del lema fascista, "¡Patria, socialismo o muerte!" como saludo obligatorio.

El nuevo Poder Popular que se propone, analizado en el contexto de las atribuciones que el cambio constitucional confeririría al poder Nacional y a Chávez en particular, habrá de afianzar la mediatización de las organizaciones sociales para colocarlas al servicio de su proyecto personalista, consagrando un poder aclamacionista y plebiscitario. Al no disponer de fuentes de financiamiento independientes, los consejos de este Poder Popular quedará sujeto irremediablemente, en última instancia, a la discrecionalidad con que del Ejecutivo asigne los recursos para costear sus ejecutorias. La propuesta aumentaría el control de Chávez sobre la sociedad, trastocándose la "participación" en lealtad para con las políticas oficiales a fin de optar por los recursos necesarios para sus respectivas gestiones.

Se desprende de la funcionalidad con que son concebidos los Consejos de Poder Popular para con la construcción del socialismo que éstos, lejos de asignárseles el rol de convertirse en instancias de autogobierno y de espacios para la ampliación de la democracia, son concebidos como parte de un gran diseño de sociedad que, por imperativos ideológicos, marcaría necesariamente una ruptura con la institucionalidad existente. Lejos de representar a sus asociados frente a los poderes nacionales, terminarían siendo la representación del presidente ante la base social. Esta cooptación de órganos sociales en las estructuras en los planes de Chávez es reminiscente del Estado Corporativo fascista. Puede apreciarse que la propuesta de constituir los consejos sectoriales del Poder Popular -obrero, estudiantil, campesino, etc.-, supeditados para su registro, aprobación y financiamiento, al Poder Público Nacional, apunta a socavar las bases de organizaciones de representación sectorial autónomas, como los sindicatos, centros de estudiantes y la federación campesina.

Se evidencia así una irremediable contradicción, propia de los regímenes fascistas, ya que éstos deben fomentar la movilización popular como mecanismos de legitimación política para vencer a sus adversarios -quienes son concebidos como "enemigos"-, pero con la finalidad de concentrar el poder en manos de un líder mesiánico que se erige en intérprete único de la "voluntad popular". De esta manera, se termina acabando con la política y, eventualmente, con la participación, a través de la imposición de una verdad indiscutible propagada por el líder.

Chávez intenta "endulzar" el paquete introduciendo dos propuestas atractivas para el pueblo trabajador: la reducción de la jornada laboral y la extensión de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores informales. Sin embargo, estos cambios no ameritan modificaciones en la Constitución. Incluso, las bases jurídicas vigentes constituyen un mandato para efectuarlos. Por lo tanto, la propuesta lo que hace es poner al desnudo la irresponsabilidad de los diputados oficialistas, al no haber aprobado en ocho años estas medidas, y la demagogia con que pretenden cobijar el objetivo central del cambio constitucional propuesto, que es la concentración del poder en manos de Chávez y su reelección vitalicia. Es menester emplazarlos a que incluyan inmediatamente en la agenda legislativa estas reformas. Por demás, la instrumentación de estas medidas sólo es viable en un marco de estímulo a la productividad. No es posible sostener jornadas laborales de sólo 6 horas, pagando el mismo salario, y extender el seguro social a todo el mundo, si no se promueve una mayor eficiencia de la economía, cosa que el presidente desestima totalmente.

En el plano económico, la propuesta centraliza y concentra en manos de Chávez y/o del Poder Público Nacional potestades de intervención, dirección, modificación y control de la actividad productiva que haría insostenible la iniciativa privada, sobre todo en el campo. Vacía de contenido uno de los derechos básicos del hombre consagrado en las constituciones anteriores, cuál es el de la propiedad, y excluye la vital garantía de que cada venezolano pueda dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela y coloca en manos del presidente la conducción de las políticas monetaria y cambiaria, así como el manejo de las reservas internacionales, según sus conveniencias particulares. Se vulnerarían así los equilibrios requeridos para asegurar un desempeño sano de la actividad económica, fundada en la confianza, la inversión y la generación de empleo. De aprobarse la propuesta de cambio, se estaría echando las bases para que fuese el Estado el que determinase en el futuro qué, cómo y para quiénes producir y distribuir, así como el rol que habría de tocarle a cada uno en el proceso productivo. Lejos de inaugurar un socialismo inédito, "humanista", "del siglo XXI", se estaría regresando a las fórmulas estatistas fracasadas del "socialismo realmente existente" del siglo XX.

Hoy es imposible desconocer que este tipo de socialismo -es decir, de comunismo-, desprovisto de toda asociación con la idea de progreso económico y social, en su negación de las libertades democráticas, refugiado cada vez más en la defensa de un nacionalismo retrógrado ante el desafío de un capitalismo globalizado y reducido a un cuerpo doctrinario sustentado, en esencia, en mitos, constituye sólo el cascarón "izquierdoso" de un ejercicio del poder incontrovertiblemente fascista. No obstante, todavía la retórica comunista ofrece un ropaje "justiciero" que, hábilmente expuesta por un líder mesiánico -intérprete privilegiado de los designios de la Historia-, logra legitimar ante gruesos sectores de la sociedad sus ansias desmedidas de poder. 

La discusión sobre si es superior esta noción de socialismo a las sociedades capitalistas, ha quedado definitiva y contundentemente saldada por la historia. Las experiencias del llamado "campo socialista" se tradujeron en regímenes despóticos, corruptos, incapaces de generar las riquezas que el pueblo demandada y cuyo ejercicio de poder estaba al servicio de una camarilla de jerarcas que se ufanaban en representar los intereses del "pueblo". Frente al desarrollo de las sociedades democráticas, capitalistas, de occidente, el "socialismo real" fracasó rotundamente. La única manera inteligente, racional, de concebir una prédica socialista hoy en día es a la manera de los gobiernos de ese signo de la Europa moderna. Es entender la necesidad de construir y consolidar las instituciones que permitan combinar de la mejor manera posible esa descomunal máquina de generación de riquezas que representa la iniciativa privada en condiciones de competencia, con mecanismos y salvedades que aseguren niveles crecientes de justicia social, cuidándose de no "matar la gallina de los huevos de oro". No en balde, los países de mayor ingreso per cápita del mundo y distribución más equitativa del ingreso -en un marco de libertades y acceso universal a la cultura, la salud y a la educación-, son los países de Europa occidental.

La propuesta de Chávez en absoluto apunta en esta dirección. Lejos de desarrollar y fortalecer las instituciones básicas para mejorar los niveles de bienestar material y espiritual de la población, las destruye para intentar suplantarlas con su discrecional poder omnímodo. Se da el lujo de arrinconar la iniciativa privada, porque cree que la holgura de recursos petroleros a su disposición lo libera de tener que observar las reglas de funcionamiento del mercado, reforzando su confianza en que, con puro voluntarismo, podrá adelantar su "revolución" concentradora de poder. Estos recursos permiten financiar la estatización de actividades productivas y las políticas clientelares promovidas a través de misiones y otros programas, apuntala la política exterior del régimen chavista y constituye la base económica para desafiar a las grandes potencias, notoriamente a los Estados Unidos, así como para desentenderse de aquellos compromisos que incomodan o entorpecen su juego político.

La eficiencia y la productividad como criterios de optimización económica, son sepultadas bajo supuestos "principios de la economía socialista" que encubren la imposición de una razón política divorciada de la racionalidad económica. La competitividad en ese entuerto "socialista" ha devenido, por desgracia, en una mala palabra. En este contexto, las dificultades económicas que podría generarle a las empresas la reducción propuesta de la jornada laboral, con un bolívar notoriamente sobrevaluado y crecientes importaciones, lejos de contribuir a mejorar el empleo podría resultar en su disminución con el quiebre de empresas.

Se supone que una constitución debería representar un contrato social entre gobernantes y gobernados, libremente asumido por los miembros de una nación. Para contrarrestar la tendencia a abusar del poder por parte de quienes se encuentran en cargos de mando, la democracia liberal definió derechos inalienables del ser humano qua individuo, así como la separación y equilibrio de los poderes que componen el Estado, a ser incorporados en la Carta Magna. Ello supone una importante limitación al poder del Estado y, en particular, del Ejecutivo, con el fin de resguardar un ámbito inviolable de libertad individual.

Esta noción de pacto consensuado entre las partes obliga a que todo cambio de la Constitución que altera la esencia de su contenido sólo pueda ser efectuado por un poder constituyente para que sea legítimo. La aprobación de la propuesta de Chávez por una Asamblea Nacional totalmente obsecuente y su refrenda en bloque a través de una consulta plebiscitaria incapacitada para desagregar sus componentes para su evaluarlos por separado, seleccionar aquellos que se desean incluir y rechazar y/o introducir correctivos con respecto a los demás, escamotea la voluntad del pueblo y sólo puede ser descrito como una burla a los venezolanos de mentalidad democrática. Los treinta días establecidos para su discusión a partir de la aprobación definitiva del Poder Legislativo es claramente insuficiente para poder tomar una decisión tan importante, como es el futuro de la sociedad en que habremos de vivir.

Con la propuesta de cambio constitucional, Chávez prepara demagógicamente un paso decisivo hacia la implantación de un régimen militarista, personalista de claros rasgos fascistas, con la anuencia obsecuente y genuflexa de diputados sumisos. Cabe mencionar que la propuesta se inscribe dentro de las interpretaciones colectivistas según las cuales debe imponerse un "Bien Común" que, no obstante, no se deriva de los intereses individuales de quienes componen la colectividad[1]. En última instancia, este Bien Común lo define el líder visionario, único capaz de desentrañar de las fuerzas de la Historia (con mayúscula) los "verdaderos" intereses del pueblo. Como se sabe, la suplantación de la irreductibilidad del individuo, propio de la filosofía política liberal, por esquemas colectivistas es la base para la implantación de regímenes totalitarios. Es menester insistir en que ello, lejos de profundizar una "revolución" que signifique un algún tipo de avance social y/o humano, representa un ominoso salto atrás, hacia las formas más retrógradas y primitivas de régimen, ya superadas por la historia.

No hay excusa para que no derrotemos esta propuesta reaccionaria, que vulnera las conquistas sociales y políticas alcanzadas, con la incorporación masiva del pueblo democrático -de aquellos que se ubican del lado oficialista, como los de oposición democrática. La supervivencia de la república democrática, liberal y de justicia social, nos lo demanda.

HGL, 07/09/07.


[1] "El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo (...) fundado en la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales". artículo 112 de la propuesta de cambio.

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