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FIRMAS DE FaCES

La Universidad entre la violencia y la razón / Héctor Malavé Mata

La Universidad entre la violencia y la razón / Héctor Malavé Mata

Discurso pronunciado en ocasión del 69 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela el 22 de noviembre de 2007

Hoy celebramos el 69 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, una vez más en reconocimiento de una edad académica que transcurre y se enriquece a la luz de la cultura de sus propias disciplinas.  Pero esta celebración, a diferencia de las anteriores, ahora se realiza en el contexto de difíciles circunstancias que apremian el celo y la vigilia de nuestra comunidad universitaria ante el peligro inminente que se cierne en contra de la autonomía de esta suprema institución.

Está demás decir que al dirigirme a esta concurrencia de profesores, estudiantes y trabajadores no pretendo agotar las incontestables razones que exaltan y vindican la autonomía de nuestra Universidad, ni siquiera repetir la significación de las multitudinarias manifestaciones que el movimiento estudiantil universitario ha realizado pacíficamente en defensa de la libertad y de la misma autonomía, en respuesta al proyecto de Reforma Constitucional propuesto por el presidente de la República en tentativa violatoria de irrenunciables derechos humanos, sino invitarnos a reflexionar sobre esta realidad que ahora nos agobia, y sobre todo cuestionar los mandamientos de una ideología de vocación absolutista que auspicia y observa con satisfacción el alarde que el poder en turno hace de sus propios extravíos.

Creemos encontrar precisamente en el carácter alusivo de este acto, el sentido de estas palabras, y lo hallamos en el espíritu de libertad y autonomía de esta Universidad, donde tantos venezolanos notables se han formado y comprometido con sus valores y principios, con la trascendencia de sus razones, al punto de reconocer cada vez los atributos de esta magna institución en las múltiples disciplinas de la inteligencia creadora.  El ejercicio programático de tal inteligencia se mantiene, sobre todo en los recintos especulativos de nuestra Universidad, con la cristalización del pensamiento cultural y científico que permite inventar medios y recursos de transformación de la realidad, que es tanto como producir ideas que fecundan las perspectivas del progreso humano.  No es otro el sentido con el que percibimos la inteligencia y la razón en esta estancia de luz que disipa la sombra.

En la índole de estas consideraciones situamos el significado de este acto conmemorativo. El 28 de octubre de 1938 fue instalada solemnemente la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela.  En el año siguiente se transformó esta Escuela en Facultad regular de la misma Universidad.  Arturo Uslar Pietri, en discurso pronunciado en aquel acto, expresó literalmente que la Universidad inauguraba  esa vez una ventana de luz hacia el panorama nacional e internacional para analizar todos los problemas de la producción y circulación de las riquezas, no con el objeto de formar al profesional dogmático y generalmente estéril, sino con el propósito de colocar a un conjunto de hombres capaces en la ruta del conocimiento de todas las cuestiones dinámicas que se relacionan con la riqueza y el equilibrio social de las naciones.  Desde entonces el pensamiento económico y social venezolano buscó caminos de recuperación del tiempo perdido por la esclerosis y el silencio que le había impuesto la tiranía gomecista en largos años precedentes.

El matiz contemporáneo de ese pensamiento surgía en un tiempo de poco auspicio para el talento creativo en el país.  La Segunda Guerra mundial en el orden internacional y la ruptura del ensayo democrático recién iniciado en el orden interno restringían la fluidez y libertad de las ideas.  Nuestra Universidad había despertado del sueño interrumpido en los años de la transición pos gomecista.  En ella, tal como esa vez correspondía, los estudios económicos y sociales reflejaban en cierta medida la moderada transición de la realidad política de aquel tiempo.  Luego, con la dictadura militar de Pérez Jiménez, el país fue sometido a la férrea voluntad del déspota, que prontamente cercenaba el ejercicio crítico del pensamiento y en su lugar imponía las brutalidades de sus mismas fuerzas opresoras.

La caída de la tiranía perezjimenista en enero de 1958 dio lugar al tránsito de la conciencia nacional hacia horizontes que anunciaban la democratización de condiciones para el diálogo, el debate o la crítica, con un pensamiento que prometía racionalizar el país antes de poseer los medios para transformarlo.  Se iniciaba una época de voces indóciles y cuestionadoras que desde el ámbito de las izquierdas precipitaban radicales activismos juveniles - contrarreformistas y contraculturales - que cundieron en los años sesenta y comienzos de los setenta, con la inspiración de la Revolución Cubana atenta entonces al lema de hacer revolución sin recitarla.  Fueron manifiestas las vibraciones ideológicas que produjo en las esferas de la cultura, la política, la universidad y el periodismo, aquella rápida politización de los sectores medios afiliados a los dogmas del movimiento socialista en Venezuela y otros países latinoamericanos.

La memoria nos apunta que en aquel tiempo, en nuestra Facultad, estudiábamos a Keynes y Marx en contrapunto, Samuelson y Baran en antítesis.  Aquellos fueron tiempos de pasión libertaria. Con razones de Fanon entendimos el drama de los condenados de la tierra; por experimento de Oscar Lewis conocimos el testimonio de los hijos  de Sánchez; con Regis Debray, en torno a la historia de la guerrilla venezolana, aventuremos consensos y desacuerdos sobre las pruebas de fuego y la crítica de las armas; con Galeano se sintió la aflicción de palpar las venas abiertas de América Latina.  Ya al término de los años 60 se conoció la espontánea universalidad de la protesta con las manifestaciones del emblemático mayo francés.  En el orden de la cultura, cuando la situación del enfoque ortodoxo de la revolución en el mundo parecía inmovilizarse sobre una posición  de repliegue, la dialéctica era reemplazada por una emergente ideología de vanguardia que no dejaba margen a la ambigüedad pero suscitaba razones para la divergencia.

Luego fue el rumbo de una Venezuela pacificada a duras penas, con una imprecisa estabilidad relacionada con su tradicional desempeño de país periférico, con algunos trastornos sociales que revelaban desajustes en los patrones de su ordenamiento democrático, en tiempo en que la libertad, constitucionalmente instituida, se ejercía  en un contexto de ideas  contradictorias donde la izquierda y la derecha, ambas condenadas a padecer la miopía causada por sus respectivas creencias, se pronunciaban correlativamente a favor del Estado o el mercado.

Un discurso de antagonismos estériles o no resueltos, en esos años, terminaba tolerando la insostenible relación entre un Estado filantrópico y un mercado ávido y absorbente, mientras el país transcurría por la senda de un crecimiento sin desarrollo, un crecimiento socialmente mezquino, con rostro poco humano, allí donde el número absoluto de los pobres aumentaba cada día, a la vez que el reparto social del ingreso empeoraba constantemente, como dando cuenta que el sistema democrático, para evitar la incidencia de una explosión social, debía asumir desde entonces un paradigma de desarrollo más simétrico y más humanitario.  Pero los mentores del sistema, a propósito del drama de la exclusión social, creían a lo sumo que algunos fenómenos masivos de protestas y reivindicación se disolvían en la bruma de efectos inconstantes o no trascendentes.  Los ideólogos del orden establecido preferían considerar la pobreza más como una endemia superable que como un apremiante desafío.  Desde entonces se fueron acumulando defraudaciones y desengaños en una perspectiva que cada vez se tornaba más insoportable.

Al cabo se concretó el proyecto político anunciado como alternativa a los mandatos democráticos.  A principios de 1999, a los cuarenta años de iniciada la era de la democracia en el país, asumió la presidencia de la República el comandante Hugo Chávez, esgrimiendo la bandera del cambio con un discurso colmado de metáforas prescritas que juntaban confusamente el concepto de revolución en el orden de las cosas.  Al comienzo, cuando la correlación política del país aún no permitía los abiertos desafueros del mando presidencial, ese discurso prometió no extremados cambios que algunos entendían como un resarcimiento de pasadas frustraciones.

Después de sancionada la Constitución Nacional del año 1999, ya iniciado un proceso que aumentaba el reclutamiento de sus huestes, el presidente Chávez se propuso radicalizar el perfil ideológico de su gobierno y legitimar la estrategia que debía conferir más autoritarismo a su mandato, orientando las instituciones de la gestión pública según un desempeño de temperamento pretoriano, creando "misiones" parasitarias con fines clientelares, estrangulando establecimientos industriales con importantes niveles de absorción laboral, efectuando injustificables expropiaciones de segmentos de la vida agropecuaria, creando al respecto cooperativas que pronto resultaron inservibles e invirtuosas, aboliendo inconstitucionalmente la autonomía del Banco Central de Venezuela, para así transferir las reservas monetarias internacionales (petrodólares) desde este organismo a los fueros discrecionales del tesoro presidencial. Aquel proceso, llamado oficialmente "revolución bolivariana", pronto comenzaba la desnaturalización de sí mismo.

El petróleo, que hemos considerado fortuna y pecado capital de Venezuela contemporánea, actuaba desde 2004 como formidable surtidor de rentas fiscales que se aplicaban en el financiamiento del vasto plan político del gobierno, otorgándole un poder económico extraordinario que le serviría no solo para fortalecer el dominio financiero del Estado, sino también para saldar el costo de la solidaridad internacional que requería y retribuir el blindaje de los aparatos de su estabilidad.  Así el presidente Chávez, extremando los dispendios de su experimento revolucionario, consolidó un gobierno fuerte y autocrático, sin tregua en el empeño de materializar sus fantasías marciales, enarbolando la insignia del socialismo del siglo XXI, pretendida doctrina que no replica los desmentidos de lo real, ni tiene vocación para asumir las supuestas causas y consecuencias de sus actuaciones generadoras de perturbaciones y conflictos.

A propósito de esa conflictiva realidad instalada en el país, nos preguntamos ahora con mezcla de inquietud e incertidumbre: ¿Cuánta pobreza puede tolerar el absolutismo que el gobierno consigna en sus simulacros socialistas, cuánta opresión es necesaria para destruir los cimientos de la libertad en el orden actual de la Nación, cuánta injusticia puede soportar el deterioro social de la República? Estas cuestiones, que hoy parecen desmentir el sentido de todas las transitorias promesas de cambio, nos alertan sobre el compromiso ineludible de reestablecer la democracia en el ámbito nacional, que es así mismo el compromiso de vincular orgánicamente la democracia al desarrollo y éste a la justicia social, cuando por experiencia histórica sabemos que, como se ha dicho, puede haber desarrollo sin justicia ni democracia, puede haber democracia y desarrollo sin justicia, pero no puede haber justicia sin democracia ni desarrollo.

Al respecto la historia nos ofrece ejemplos ilustrativos.  Casi todos los casos nos confirman que sin la unidad de los tres elementos mencionados - democracia, justicia y desarrollo - en los países latinoamericanos y en el nuestro particularmente, la vida del país resulta más defectuosa y fragmentaria, más inhumana y estrecha, más insegura y turbulenta, a riesgo de que la falta de uno o dos de estos elementos convierta el horizonte de la formación social venezolana en un espejismo, en una perspectiva precaria e ininteligible, en una parábola de cualquier propósito de transformación.

A esto debemos añadir que proteger la democracia con providencias de un pacto social, compaginar las enmiendas políticas con las posibilidades de cambio y acoplar las respuestas económicas del mercado con la justicia social, constituyen en suma un problema planteado sin fácil solución en casi todos los países latinoamericanos.  En el nuestro, a juzgar por la experiencia de la década perdida de los ochenta, ese problema tuvo alcance volátil. Las crisis económicas de esos años, causadas por la insensata aplicación de recetas de un liberalismo excesivo, causantes en nuestro caso de un estallido social sin precedentes, suscitaron un cúmulo de problemas entonces no resueltos sino apenas atenuados con artificios de mediocre gestión gubernamental.

Esta situación del país, tal como a grandes rasgos se observara en la década de los ochenta, parece empeorarse económicamente bajo signos políticos distintos en esta primera década del siglo XXI.  El gobierno actual exalta a menudo el auge de la economía, la dimensión espectacular del crecimiento económico, apelando al expediente de sus propias cifras, tan ligeras y convencionales que indican pero no significan, pues simultáneamente con ese crecimiento de precaria densidad social, que por lo mismo no reduce la brecha de las desigualdades, transcurre un crecimiento tardío y de poco contenido socio-político, con tendencia a la crisis más que a la estabilidad de los estamentos de la estructura social.  El crecimiento de la economía, según observan analistas ajenos a los lauros del régimen, no ha significado un equilibrio dinámico sino un desequilibrio opresivo y perverso frente al dictamen de los hechos.

Creemos que un diagnóstico amplio y significativo de la realidad venezolana requiere considerar más su tendencia que su balance.  Así se concluye en una visión más realista que no concierne solo a las desviaciones ideológicas del régimen, sino también a la aberración de no aceptar el veredicto de las evidencias.  Al respecto es propio señalar que en la raíz de la crisis actual venezolana residen tanto la restricción de las libertades como la desmedida concentración de los poderes, tal como se consagra en el proyecto de Reforma Constitucional que presentara el presidente de la República ante la Asamblea Nacional para concentrar de manera absoluta el poder en su potestad de primer mandatario, reafirmando así un conflicto real entre el poder y el saber, que ha conducido al movimiento estudiantil venezolano a masificar un esquema de protestas pacíficas para impedir la definitiva consolidación de ese proyecto.

En este sentido, es preciso advertir que cuando la derecha no se atreve a confesar sus intenciones, ni la izquierda a reconocer sus incoherencias, es legítimo que en el espacio de las universidades del país surja, con profundo sentido de emergencia, el movimiento estudiantil esgrimiendo la bandera de su unidad y su lucha por los derechos humanos, la libertad y particularmente la defensa de la autonomía universitaria, considerándola como la única forma de dignidad frente el poder.

La dignidad estudiantil ha permitido enfrentar desmedidas manifestaciones de intimidación en el propio recinto que a diario proclama la paz, cuando es necesario el ejercicio de la tolerancia con asistencia del conocimiento y la razón.  Los resultados de las recientes elecciones estudiantiles en esta Universidad revelan que entre la creatividad y la violencia solo es posible la sanción democrática de la mayoría.  En todo caso es aconsejable la incitación a la dialéctica que trata de convertir la vida en experiencia, la experiencia en cultura, la cultura en acción y la acción en ejercicio fecundo de más vida, construyendo así el círculo virtuoso que yace en la luz de lo real.  Este pensamiento sugiere la razón de exhortar con sentido de cambio la defensa de la autonomía de esta magna institución.

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